División de Predios Rústicos

Los predios rústicos son aquellos terrenos que, ubicados fuera de los límites urbanos, puedens er utilizados para la agricultura, ganadería o el desarrollo de actividades forestales.

Dichos predios pueden ser divididos, pero, por regla general, la superficie de los lotes resultantes no debe ser inferior a media hectárea, es decir 5.000 metros cuadrados. Dicha subdivisión, en caso alguno, implica el cambio de uso del suelo.

Únicamente es posible subdividir un predio rústico en terrenos inferiores a 0,5 Há o 5.000 m2, en los casos que señala la ley, entre los cuales encontramos:

− Cuando exista autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Ministerio de Agricultura en uso de sus facultades.

− Cuando se deba constituir dominio sobre un lote resultande de la tramitación de un proceso de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, contemplado en el D.L. 2.695).

− Cuadno se trate de terrenos que deban ser subdivididos por el Ministerio de Obras Públicas para construir obras de regadío, de vialidad u otras.

− Cuando se deban abrir calles para realizar la actividad agrícola, para construir viviendas para los propietarios del terreno o para construir viviendas autorizadas de hasta mil UF de valor bajo el sistema de subsidio habitacional, lo cual se encuentra regulado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

− Cuando se traspase el terreno a entidades con personalidad jurídica y sin fines de lucro, al Fisco, Municipalidades, Gobiernos Regionales o a organizaciones comunitarias o sindicales.

− Cuando se transfiera a un ascendiente o descendiente del propietario, para construir una vivienda para el adquirente (padres, hijos, suegros, yernos, nueras e hijos del cónyuge) y siempre y cuando el predio no tenga un avalúo fiscal superior a las 1.000 UF.

Nuestra legislación sanciona los loteos irregulares o “loteos brujos”, esto es, aquellos que tienen una superficie inferior a 5.000 m2, y que no cuentan con un permiso provisorio o definitivo de la Municipalidad correspondiente. Estos terrenos no poseen delimitaciones claras de calles, tampoco acceso a espacios públicos ni a servicios básicos como: alcantarillado, agua potable, luz, entre otros. La Ley General de Urbanismo y Construcciones sanciona a todo aquel que realice actos o contratos que tengan por finalidad transferir el dominio con el objeto de crear nuevas poblaciones o comunidades en contravención a las normas urbanísticas, con una pena que va desde 3 años y un día hasta los 10 años de presidio.